Sí, la noticia es verdadera. El gobierno argentino, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, apeló el fallo judicial que benefició a Cristina Kirchner en una demanda civil.
El contexto es el siguiente:
Un juez del fuero Civil y Comercial, Marcelo Bruno Dos Santos, había cerrado la demanda civil contra Cristina Kirchner y otros condenados en el caso Vialidad, en la que se les reclamaba una indemnización de $22.300 millones por daños y perjuicios.
El juez declaró la "caducidad de la instancia" porque consideró que la Dirección de Vialidad Nacional no había impulsado el expediente durante un período de seis meses, según lo estipulado por el Código Procesal.
Ante esta decisión, el gobierno de Javier Milei, a través de Vialidad Nacional, presentó una apelación para revertir el fallo y continuar con el reclamo.La Encrucijada de la Justicia Argentina: Credibilidad Institucional y la Apelación del Fallo Vialidad
La Encrucijada de la Justicia Argentina: Credibilidad Institucional y la Apelación del Fallo Vialidad
Un Fallo, Un Punto de Quiebre: La Encrucijada de la Justicia Argentina
La decisión del gobierno de Javier Milei de apelar el fallo judicial que declaró la caducidad de la instancia en la demanda civil por daños contra la expresidenta Cristina Kirchner no es simplemente un acto procesal más en el complejo entramado de la justicia argentina. Constituye una declaración política contundente y un punto de quiebre en el debate público sobre la lucha contra la corrupción, la impunidad de los poderosos y, sobre todo, la erosión de la credibilidad de las instituciones. Este hecho, que ha cobrado un peso simbólico enorme, coloca al Poder Judicial en el centro de un escrutinio sin precedentes, obligándolo a confrontar la percepción generalizada de que opera bajo lógicas de conveniencia política más que bajo los principios del derecho y la equidad.
Este reporte se propone ir más allá de los titulares y el relato político para ofrecer un análisis exhaustivo y matizado de lo que está en juego. Se desglosarán los argumentos del gobierno a favor de la apelación, encuadrados en un discurso de defensa del interés público y recuperación del erario. Paralelamente, se examinará la contra-narrativa, aquella que denuncia la instrumentalización de la justicia como un arma de persecución política, un fenómeno conocido como lawfare. El objetivo es proporcionar una comprensión profunda de por qué este caso en particular ha capturado la atención de la sociedad y se ha convertido en una pieza clave para la legitimidad del sistema judicial en su conjunto. Se abordará la colisión entre el tecnicismo legal de la "caducidad de instancia" y la exigencia ciudadana de una justicia sustantiva, que no solo condene los crímenes, sino que también asegure la reparación del daño. Para lograrlo, el análisis se estructurará a través de tres lentes interconectados: el legal-procesal, que detalla los hechos del caso; el político-institucional, que explora las tensiones entre poderes; y el de la percepción pública, que mide la confianza de los ciudadanos en su sistema de justicia. Esta aproximación holística es indispensable para un análisis verdaderamente experto que evade la polarización simplista y se centra en los desafíos estructurales de la democracia argentina.
La Crisis de Confianza: Un Diagnóstico del Poder Judicial Argentino
El Espejo de las Encuestas: Una Confianza Fragmentada
La escasa confianza en la justicia no es una novedad, sino una enfermedad crónica que afecta la salud del sistema democrático argentino. Un estudio de la Universidad Torcuato Di Tella y la asociación civil Fores, realizado en noviembre de 2023, reveló una cifra impactante: solo el 8% de los argentinos confía en el Poder Judicial. Este dato, que se ha mantenido en niveles similares a lo largo del tiempo, subraya una desconexión fundamental entre las instituciones de la república y la ciudadanía a la que deben servir.
Sin embargo, un análisis más detallado de la misma encuesta revela una contradicción profunda. El Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), que promedia dos subíndices, mostró un resultado de 47.5 puntos. Mientras el subíndice perceptual, que mide la opinión sobre la imparcialidad, eficiencia y honestidad de los tribunales, se encontraba en un alarmante 24.8 puntos, el subíndice conductual, que evalúa si los ciudadanos recurrirían a la justicia para resolver conflictos, alcanzó los 70.1 puntos. Esta dicotomía es reveladora. Sugiere que la gente desconfía profundamente de la moralidad y la autonomía de los jueces, sospechando que los fallos están influenciados por los poderes políticos y económicos. No obstante, al mismo tiempo, perciben a los tribunales como el único recurso formal y funcional para resolver sus conflictos personales, ya sea por un cheque sin fondos, un divorcio o una indemnización laboral.
Esta dualidad expone un problema de legitimidad, no de legalidad. No es la ley en sí misma la que está en cuestión, sino su aplicación por parte de los operadores judiciales, que son percibidos como corruptos o susceptibles a presiones externas. Es este contexto de sospecha generalizada el que hace que un tecnicismo legal como la "caducidad de instancia" en un caso de alto perfil sea tan corrosivo para la percepción pública. Para la ciudadanía, que ya ve el sistema como parcial, un fallo que absuelve de una deuda millonaria a una figura poderosa por una presunta inacción procesal de un gobierno anterior es simplemente incomprensible y refuerza la idea de que la justicia no es igual para todos. La apelación del gobierno de Milei capitaliza esta discrepancia, presentándose como la única vía para alinear la justicia civil con el sentido común de la ciudadanía, que exige rendición de cuentas.
Tabla 1: Percepción Ciudadana de la Justicia en Argentina (UTDT & Fores, Noviembre 2023)
| Indicador | Puntuación | Descripción |
|---|---|---|
| Nivel de Confianza | 8% | Porcentaje de argentinos que confía en la justicia. |
| Subíndice Perceptual | 24.8 puntos | Mide la opinión sobre la imparcialidad, eficiencia y honestidad de los tribunales. |
| Subíndice Conductual | 70.1 puntos | Mide si los encuestados recurrirían a la justicia para resolver conflictos. |
La Corrupción como Problema Estancado y la Falta de Independencia
El estancamiento en la lucha contra la corrupción es otra arista de esta crisis. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional muestra que Argentina ha estado estancada por años, con un puntaje de 37 sobre 100, un descenso de un punto respecto al año anterior, lo que la ubicó en el puesto 98 de 180 países. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, señala que la interferencia de la política en el poder judicial y las fluctuaciones en los órganos de control son las principales razones por las que la lucha contra la corrupción avanza a un ritmo "muy lento". Esto confirma que la "connivencia de determinados jueces" no es solo una crítica popular, sino un problema estructural que Transparencia Internacional identifica como la causa principal de la impunidad de los poderosos en las Américas.
La apelación de la causa Vialidad, en este contexto, adquiere una relevancia singular. El gobierno entrante de Milei ha sido criticado por la falta de un "abordaje integral y sistemático" en materia de integridad y lucha anticorrupción en sus primeras propuestas legislativas. En este escenario, la apelación se erige como una de las pocas acciones concretas y de alto perfil que la nueva administración ha tomado para demostrar su compromiso con esta causa. El éxito o el fracaso de esta apelación será interpretado, por la ciudadanía y por los organismos internacionales, como una medida de la seriedad del gobierno en este frente.
Un Vistazo de Esperanza con Reservas
A pesar del panorama desolador, estudios más recientes han detectado un leve pero sostenido aumento en la confianza en la justicia, pasando de 9 puntos en octubre de 2023 a 14 en mayo de 2025. Sin embargo, esta mejora es insuficiente para generar "confianza plena" y está matizada por una advertencia crucial. El mismo estudio indica que las personas que han participado directamente en un proceso judicial, ya sea como demandantes o demandados, tienden a tener una visión "más negativa" sobre la equidad, honradez y el control de los poderes políticos y económicos por parte de la justicia. Este hallazgo es fundamental: la desconfianza no es una teoría abstracta impulsada por los medios, sino una conclusión extraída de la vivencia de los ciudadanos al interactuar con el sistema. La apelación de un fallo que beneficia a una figura poderosa es vista por muchos como una oportunidad para que el sistema demuestre que puede rectificar un camino que prioriza la formalidad sobre la justicia sustantiva.
El Caso "Vialidad" en Detalle: Del Fallo Penal a la Apelación Civil
La Condena Penal: Un Precedente Firme
Para comprender la trascendencia de la apelación civil, es indispensable diferenciar las dos causas judiciales que pesan sobre la expresidenta. La causa penal, que investigó la dirección de la obra pública en Santa Cruz, ya culminó. Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, y el recurso de queja de la defensa ante la Corte Suprema fue rechazado, lo que dejó el fallo penal "firme" y la inhabilitó para ser candidata. Este es un punto crucial: la justicia penal ya dictaminó que se cometió un delito que causó un perjuicio al Estado.
El "Tecnicismo" de la Caducidad de Instancia
En paralelo a la causa penal, se tramitaba una demanda civil iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para recuperar los daños y perjuicios estimados en $22.300 millones de pesos. El 19 de agosto de 2025, el juez Marcelo Bruno Dos Santos firmó un fallo que declaró la "caducidad de instancia" del proceso, lo que en la práctica significa que la causa se cierra y Cristina Kirchner no debe pagar la indemnización. La base del fallo es un tecnicismo legal: el juez determinó que entre el 17 de marzo de 2023 y el 18 de septiembre de ese mismo año, descontando la feria judicial de invierno, se cumplió el plazo de 6 meses estipulado por el Código Procesal para considerar la caducidad debido a la inacción de la parte actora, es decir, la Dirección Nacional de Vialidad. El juez justificó su decisión sosteniendo que este instituto legal "no fue creado al solo efecto de castigar la negligencia de las partes" sino que fundamentalmente persigue "evitar la prolongación indefinida de los juicios".
Tabla 2: Cronología del Proceso Judicial: Causa Vialidad (Penal vs. Civil)
| Hito | Fecha | Ámbito | Descripción |
|---|---|---|---|
| Inicio del Juicio Oral | 2019 | Penal | Comienza el juicio oral y público por administración fraudulenta agravada. |
| Fallo de Primera Instancia | Diciembre 2022 | Penal | Cristina Kirchner es condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. |
| Inicio de Demanda Civil | 2018 | Civil | La Dirección Nacional de Vialidad inicia un reclamo civil por daños. |
| Confirmación de Casación | Noviembre 2024 | Penal | La Cámara de Casación ratifica la condena penal. |
| Rechazo de Recurso | Junio 2025 | Penal | La Corte Suprema rechaza el recurso extraordinario de la defensa, dejando la condena firme. |
| Fallo de Caducidad | Agosto 2025 | Civil | El juez Bruno Dos Santos declara la caducidad de la instancia en la demanda civil. |
Los Argumentos de la Apelación: La Defensa del Erario Público
Ante la sorpresa y la indignación de la opinión pública, el gobierno de Milei anunció de inmediato que apelaría el fallo del juez Dos Santos. Aunque los argumentos legales explícitos de la apelación no están detallados en el material, se puede inferir su base. La DNV había señalado demoras judiciales previas que dilataron la tramitación de la causa, como la cuestión de competencia resuelta por la Corte Suprema cuatro años después. La apelación se fundamenta en la defensa del "interés público" por encima del tecnicismo procesal. La decisión de la Dirección Nacional de Vialidad, respaldada por el gobierno, no solo busca recuperar una suma de $22.300 millones de pesos, sino que también sirve como una declaración política.
En un país en crisis, la apelación convierte un proceso legal en una acción de gobierno, que demuestra a la ciudadanía que la "justicia" no solo se trata de penas de prisión, sino de la recuperación de lo que fue dañado. Esta acción está directamente alineada con el discurso del gobierno de "no hay plata" y la necesidad de que el Estado recupere sus activos. Es una manifestación concreta de la voluntad de "terminar con la impunidad de la corrupción". La apelación es un mensaje contundente de que, bajo la nueva gestión, no habrá "connivencia" ni uso de "recursos oscuros" para garantizar la impunidad. Busca que el sistema judicial, en instancias superiores, rectifique un fallo que parece haber priorizado la formalidad sobre la justicia sustantiva, y que de otra forma sería incomprensible para la sociedad.
El "Lawfare": Un Contrarrelato de la Justicia como Arma Política
Definición y Origen del Término
El debate sobre la apelación del fallo de Vialidad no puede ser comprendido sin la contra-narrativa del "lawfare". El término, una contracción de las palabras en inglés law (ley) y warfare (guerra), se define como la "guerra jurídica" o la "judicialización de la política". Se refiere a la utilización abusiva del derecho con fines políticos, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Esta estrategia ha sido utilizada por políticos tanto de derecha como de izquierda en América Latina y es vista por muchos como un reemplazo de los golpes de Estado militares, que buscan inhabilitar a líderes populares que no pueden ser derrotados en las urnas.
Acusaciones de Parcialidad y Conexión en la "Causa Vialidad"
Los defensores de la tesis del lawfare argumentan que la "Causa Vialidad" es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Se enumeran múltiples irregularidades que, según esta visión, viciaron el proceso de origen. El proceso fue iniciado por el juez Julián Ercolini, descrito como "cercano al macrismo". Jueces de la Cámara de Casación, como Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que sostuvieron la causa, visitaron la Casa Rosada en múltiples ocasiones durante el gobierno de Mauricio Macri. Adicionalmente, se ha señalado que el juez del juicio oral, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani, quienes condenaron a la expresidenta, compartían equipo de fútbol en la quinta presidencial de Olivos, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Además de las conexiones personales, se señalan irregularidades procesales. Se argumenta que la denuncia fue formulada por el interventor de Vialidad, Javier Iguacel, quien realizó una auditoría sesgada enfocada únicamente en Santa Cruz, sin pericias comparativas con otras provincias. Incluso el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habría reconocido en su momento que "No hay delito, la defensa superó ampliamente la acusación". A pesar de la falta de pruebas de su "intervención personal" o de un "retorno económico" directo, Cristina Kirchner fue condenada e inhabilitada "en tiempo récord", un hecho que sus defensores atribuyen a la presión política y mediática.
El Papel del Gobierno y la "Maniobra" Procesal
La narrativa del lawfare también se extiende al fallo civil. Se plantea que la inacción de la Dirección Nacional de Vialidad, que llevó a la "caducidad de instancia", no fue un simple error procesal del gobierno anterior, sino una maniobra deliberada para permitir que la causa se extinguiera. Desde esta perspectiva, la defensa de la expresidenta habría solicitado la caducidad por considerar que las "prerrogativas que indica el Código Procesal" para tal fin se habían cumplido "inexorablemente".
El hecho de que el gobierno de Milei haya decidido apelar el fallo puede ser interpretado de varias maneras. Mientras sus defensores lo ven como un acto de valentía para defender el erario público, los críticos del lawfare podrían interpretarlo como una continuación de la misma estrategia de persecución, buscando mantener viva una causa que, desde su perspectiva, fue armada sin fundamentos sólidos y que ha agotado los tecnicismos legales para su cierre.
La Apelación como Acto de Reafirmación Institucional: Argumentos a Favor del Gobierno
La Recuperación del Patrimonio Público
El argumento principal a favor de la apelación del gobierno es la defensa del erario público. El monto de $22.300 millones de pesos, que se buscaba recuperar en la demanda civil, no es una suma trivial, sino una cantidad astronómica que no puede ser renunciada por un tecnicismo procesal. La apelación convierte un proceso legal en una acción de gobierno, que demuestra a la ciudadanía que la "justicia" no solo se trata de penas de prisión, sino también de la recuperación de lo que le pertenece al Estado. En un contexto de ajuste fiscal y de profunda crisis económica, la decisión de apelar es un acto de coherencia política que refuerza el discurso del presidente de que "no hay plata" y de que los responsables de la corrupción deben devolver lo que presuntamente sustrajeron. La apelación es la manifestación concreta de la voluntad política de "terminar con la impunidad de la corrupción".
Un Mensaje de Freno a la Impunidad
La apelación es un mensaje contundente de que, bajo la nueva gestión, no habrá "connivencia" ni uso de "recursos oscuros" para garantizar la impunidad. El fallo penal ya sentó un precedente sobre el delito y la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos. La apelación civil busca que ese precedente tenga una consecuencia patrimonial, lo que es igualmente importante para la percepción de la justicia. La decisión del gobierno de no aceptar el fallo y recurrir a instancias superiores es un gesto que busca demostrar a la sociedad que el Estado no dejará pasar la oportunidad de cobrar una deuda que ya ha sido validada en el ámbito penal, independientemente de los errores procesales que hayan ocurrido bajo la gestión anterior.
El Rol de la Justicia en la Democracia
Finalmente, la apelación del gobierno de Milei es una oportunidad para que el sistema judicial, en instancias superiores, demuestre su capacidad de rectificar. Se argumenta que la credibilidad de la justicia no se restaura con excusas o tecnicismos, sino con acciones transparentes y la aplicación de la ley para todos, sin importar su poder o influencia política. La Corte Suprema ya rechazó un recurso de queja en la causa penal , sentando un precedente que la justicia civil debería seguir. La apelación es un llamado a la coherencia institucional, una solicitud para que la justicia sustantiva prevalezca sobre las artimañas procesales y se reafirme el principio de que los crímenes que perjudican al Estado deben tener consecuencias tanto penales como patrimoniales.
Conclusión: Más Allá del Caso, el Futuro de la República
El fallo de "caducidad de instancia" en la causa civil "Vialidad" es un espejo de las contradicciones y la profunda crisis de credibilidad que atraviesa la justicia argentina. Si bien la defensa de Cristina Kirchner y sus aliados lo califican como una prueba de un proceso viciado de origen y una manifestación de lawfare, la decisión del gobierno de Javier Milei de apelar lo presenta como la única vía para defender el interés público y restaurar la confianza en las instituciones. Este evento pone de manifiesto una verdad incómoda: la desconfianza ciudadana en el Poder Judicial no es una cuestión teórica, sino una realidad palpable que se alimenta de la percepción de que la ley se aplica de manera diferente para los poderosos.
La decisión del gobierno de apelar, en contra de un tecnicismo legal que favorece a una figura poderosa, es un gesto político significativo. En un contexto de estancamiento en la lucha contra la corrupción, esta acción busca alinear la justicia con la exigencia popular de poner fin a la impunidad. Para la "gente común", es incomprensible que una persona condenada por un delito que perjudicó al Estado no deba resarcir el daño económico, y la apelación es la vía para que el sistema judicial, en instancias superiores, resuelva esta incoherencia.
La credibilidad de la justicia no se juega en un solo caso, pero este es sin duda un punto de inflexión. El futuro del Estado de derecho en Argentina pende de la capacidad de sus instituciones para demostrar que la ley es igual para todos, y que la justicia sustantiva prevalece sobre las artimañas procesales. La resolución de este caso será un termómetro de la madurez de la democracia argentina y de su capacidad para sanar una de sus heridas más profundas.
PD. Links de interés:
https://www.utdt.edu/ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=21705&id_item_menu=6&hl=es-AR
https://poderciudadano.org/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2023-sin-esfuerzos-significativos-y-sin-lugar-en-la-agenda-actual-argentina-continua-estancada/?hl=es-AR
